La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), mediante los argumentos vertidos ante un Juez de Control y Enjuiciamiento, por un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo la vinculación a proceso para Arturo “N”, de 49 años de edad, por su probable comisión del delito de robo agravado, ilícito cometido en perjuicio del patrimonio de una persona del sexo masculino.
Los cargos en su contra establecen que, la madrugada del 19 de marzo del presente año, Arturo se introdujo a un domicilio ubicado en la localidad José Refugio Salcido perteneciente a este municipio de Durango, de donde se apoderó sin derecho ni consentimiento de diversa herramienta, entre la cual: una sierra circular inalámbrica Makita color turquesa, una pulidora Makita color turquesa, un atornillador de impacto de la misma marca y color, juego de 18 dados largos Hart, cuatro piezas de copa de diamantes marca Austromex y tres piezas de copa desbaste esmeril acabado burdo, artículos que ascienden a un total aproximado de 25 mil 800 pesos, y que posteriormente se abocó a vender.
Tras recibir el reporte de los hechos, agentes de la Unidad en referencia iniciaron con las indagatorias, en las que mediante entrevistas con testigos y tras el procesamiento pericial del lugar, se encontraron elementos de prueba sobre la relación del imputado en los hechos.
Posteriormente, se solicitó y se obtuvo una orden de aprehensión en su contra, misma que fue ejecutada por elementos de la Unidad de Mandamientos Judiciales, quienes asimismo lo pusieron a disposición del Juez requirente al interior del CERESO No. 1 de Durango.
Ante lo expuesto por la autoridad ministerial, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al detenido, por el delito ya señalado, con la medida cautelar de prisión preventiva.
Finalmente, esta Fiscalía de Durango continuará con la indagatoria complementaria del caso durante dos meses, y reafirma su compromiso para trabajar en la investigación de los delitos que se cometen contra el patrimonio, y hacer valer el estado de derecho, ya que, sin importar la temporalidad de la indagatoria o monto del agravio, se salvaguardan los derechos de las víctimas para hacerles efectiva la justicia y evitar la impunidad.